CARACAS, jueves 21 de agosto, 2008 | Actualizado hace
JUAN FRANCISCO ALONSO
EL UNIVERSAL
El procesamiento de los 20 efectivos militares y policiales
del extinto Comando Específico José Antonio Páez
(Cejap) que el 29 de octubre de 1988 ejecutaron la masacre
de El Amparo (Apure), así como de los ex jefes de ese
grupo, los generales Humberto Camejo Arias y Enrique Vivas
Quintero; que presuntamente habrían planificado el crimen
y de todos los funcionarios del gobierno de la época
que trataron de encubrirlo, solicitaron Wollmer Pinilla y
José Augusto Arias, sobrevivientes del hecho, al Ministerio
Público.
La petición la formularon ayer los pescadores, quienes
fueron acompañados por representantes del Programa Venezolano
de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.
Pinilla, quien fue herido de bala durante el suceso y posteriormente
debió soportar presiones y persecusiones por parte de
las autoridades del momento, afirmó: "El Estado nos indemnizó
(la Corte Interamericana así se lo ordenó en su
fallo de 1995, donde condenó a Venezuela por el caso
de El Amparo), pero eso no es justicia. El dinero no paga
una vida y, por eso, reclamamos que los autores de las muertes
de los 14 compañeros que viajaban con nosotros en la
canoa sean investigados y castigados".
Los miembros del Cejap atacaron a los pescadores en el caño
La Colorada y posteriormente presentaron el hecho como un
enfrentamiento con guerrilleros colombianos, versión
que luego se demostró que era falsa gracias al testimonio
de los supervivientes. El Ministerio Público tiene 30
días hábiles para responder esta solicitud.
Pruebas contra el ministro
El ex diputado Walter Márquez, quien formó parte
de la comisión del extinto Congreso de la República
que investigó la masacre, también se presentó
ayer ante la Fiscalía y aseguró que las indagaciones
hechas en su momento implican a López Sisco y Rodríguez
Chacín.
"Son autores intelectuales, no materiales, porque el día
anterior se cayeron de un helicóptero en el Cotufí.
Hay suficientes pruebas que comprometen al actual ministro
del Interior", aseveró, al tiempo que denunció un
trato discriminatorio por parte de la justicia, pues "mientras
a López Sisco se le ordenó una investigación
(por el caso Yumare) al ministro se le quiere encubrir porque
es un alto funcionario (...) Ojalá más allá
de estos compromisos políticos impere la justicia", remató.
Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL
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